Pasaron cinco años para que el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Zepeda, tomara interés en el testimonio de un testigo que dijo haber participado en el entierro de documentación sensible de la Colonia Dignidad.

Durante septiembre, Zepeda envió a detectives de la jefatura de Inteligencia Policial de la PDI para tomarle declaración a este testigo, luego de que se hiciera cargo del caso el juez Mario Carroza, que en ese momento estaba de vacaciones. Pero el ex colono del enclave alemán se negó a prestar declaración extrajudicial.

La situación más grave se produjo este martes, cuando nuevamente una patrulla de la PDI visitó al testigo clave, quien señaló a este medio que “los detectives me dijeron que el juez Zepeda quería llevarme mañana (miércoles) a la Villa Baviera para que le indicara el punto exacto donde había más documentos enterrados y que si no iba voluntariamente me iban a tener que detener y que eso me iba a causar más molestias”.

El ex colono dijo sentirse intimidado y les explicó que necesita un mapa antiguo o foto aérea de los años 80, para identificar el punto exacto, ya que en los últimos meses la actual administración del fundo alemán retiró del lugar algunos elementos que él recordaba como puntos de referencia.

El repentino impulso del juez –que cerró todas las causas vinculadas a violaciones de los derechos humanos sin un solo jerarca condenado– podría haber tenido su origen en un reportaje de televisión que reveló que había desestimado el testimonio, justo en momentos en que se desclasificaban 44.600 fichas elaboradas por el enclave alemán y la DINA.

Además hubo otro elemento detonante: familiares de víctimas de la dictadura recurrieron a otro juez para que hiciera las diligencias, tras lo cual el juez Mario Carroza, quien indaga cerca de 800 causas de derechos humanos, abrió a mediados de 2013 una investigación por tortura al interior del enclave alemán, donde tomó declaración al testigo, que lo hace bajo reserva en la causa.

En las últimas horas, Carroza se disponía a planificar el ingreso al fundo de la Villa Baviera, ubicado en la Región del Maule, para ir en busca de dicha documentación y evaluar otros sitios mencionados por el mismo testigo, que podían corresponder a fosas clandestinas.

Carroza en absoluta reserva consiguió apoyos fundamentales. El Ministerio del Interior autorizó fondos para financiar el personal y maquinaria para realizar la diligencia, que podría dar con el paradero de documentación del ex hospital de la Colonia Dignidad –por donde pasaron prisioneros torturados y otros que están detenidos desaparecidos–, tarjetas de identificación de visitantes del portón de acceso y más fichas de inteligencia elaboradas por los alemanes y la DINA.

Siguiendo los mismos pasos de Carroza, Zepeda envió un oficio al Ministerio del Interior solicitando fondos para financiar las diligencias en el enclave alemán.

El juez Carroza también fue respaldado por el Presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, quien además es coordinador de todos los jueces que instruyen causas de violaciones de los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar.

Fuentes judiciales confirmaron que Zepeda habría sido llamado hace unas semanas por el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, para consultarle por qué no había realizado las diligencias. Durante el encuentro, el magistrado habría respondido desacreditando la calidad del testigo.

La semana pasada, Muñoz también se habría reunido con Carroza, aceptando que éste haga diligencias, considerando que Zepeda actualmente ha cerrado todas las investigaciones sobre la Colonia Dignidad.