El juez chileno Mario Carroza visitó hoy Colonia Dignidad, un enclave alemán en el sur del país que sirvió como prisión, centro de tortura y exterminio de opositores, para comprobar en terreno la existencia de documentos y archivos relacionadas con la dictadura militar (1973-1990).
Acompañado de expertos de la Brigada Investigadora de Derechos Humanos y Asuntos Especiales de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Carroza recorrió al menos cinco puntos de Villa Baviera, como se le conoce ahora, donde se presume la existencia de un baúl que contiene antecedentes de presos políticos que allí fueron torturados.
El magistrado dijo a los periodistas que también concurrió a un lugar conocido como el sector de Chenco, donde pueden haber enterradas osamentas de detenidos desaparecidos.
El pasado 30 de agosto, y bajo el convencimiento de que aún hay condiciones para obtener más verdad y justicia sobre los desaparecidos, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) entregó simbólicamente a la presidenta Michelle Bachelet una copia de un archivo que consta de más de 40.000 fichas.
En esa oportunidad, señalaron que el Gobierno, el Poder Judicial y los organismos del Estado deben asumir que en esos documentos hay antecedentes y pruebas de la labor represiva de la DINA (la policía secreta de Pinochet) y la Colonia Dignidad.
Las fichas fueron descubiertas en 2005 por la PDI, junto a un cuantioso arsenal de guerra.
El material estaba oculto en contenedores bajo tierra dentro de la finca de 17.000 hectáreas que ocupaba Colonia Dignidad, a 40 kilómetros al este de la ciudad de Parral, en el sur de Chile.
En las fichas, figuran tanto víctimas de la dictadura que fueron asesinadas dentro de Colonia Dignidad, como una larga lista de opositores al régimen militar, integrantes de la Fuerzas Armadas, exagentes, sacerdotes, dirigentes políticos, parlamentarios y diversas autoridades del Estado chileno.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet, según cifras oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como desaparecidos.
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