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“¡El que engaña, vuela!”. Con este eslogan la Unión Cristiano Social
de Baviera (CSU) inició a fines del año pasado una campaña destinada a
impedir la llegada de trabajadores búlgaros y rumanos –sobre todo de
etnia gitana- que llegan al país para aprovecharse del generoso sistema
social que impera en el país. Casi ocho meses después, el Gobierno
federal alemán se inclinó ante la presión
de uno de los socios de la coalición y aprobó, este miércoles, un
delicado y controvertido paquete de medidas que deben regular, con
inédita mano dura, la llamada “inmigración de la pobreza”.

El paquete de leyes, que fue presentado este miércoles a la prensa
por el ministro del Interior, Thomas de Maizière y su colega de Trabajo,
Andrea Nahles, concede, entre otras medidas, un plazo de seis meses
para que los trabajadores comunitarios busquen un trabajo en Alemania. Si no han encontrado un empleo en ese tiempo, se verán obligados a abandonar el territorio germano.

Cuando la ley entre en vigor (aún no se ha fijado una fecha para que
el proyecto de ley sea sometida al Parlamento federal), las autoridades
también tendrán en su poder el recurso de expulsar y prohibirles el
regreso al país durante cinco años, a todos los inmigrantes que hayan
intentado mediante engaños, recibir la llamada “ayuda para niños”. Para
impedir el fraude, todos los solicitantes de ayuda social deberán
presentar un número de identificación fiscal, una medida que puede
garantizar, por ejemplo, el número de personas que integran la familia
del solicitante.

“La libre circulación
es una parte indispensable de la integración europea, pero no podemos
cerrar los ojos frente a los problemas que ella puede suscitar”, dijo el
ministro de Maiziére. “!Libre circulación, sí; abusos, no!, señaló
Andrea Nahles.

Los dos ministros también señalaron que el paquete de medidas incluye
una importante ayuda financiera para las regiones que se han visto
afectadas por la llegada de inmigrantes. En el curso del año, el
Gobierno pondrá a disposición de los estados federados una ayuda de 25
millones de euros y está en estudio otro paquete de 250 millones de
euros.

La idea de endurecer la llegada al país de los “inmigrantes pobres”,
que fueron bautizados como “peligrosos turistas sociales” por Horst
Seehofer, jefe del Gobierno regional de Baviera, quien dio órdenes de
utilizar las peligrosas armas del populismo
para dificultar la llegada al país de los trabajadores rumanos y
búlgaros que se vieron beneficiados del derecho de libre circulación a
partir del 1 de enero de este año.

“Lo que no queremos es una inmigración en nuestro sistema de
seguridad social”, dijo el político bávaro, para justificar la odiosa
campaña que inicio su partido y que en su momento provoco una peligrosa
crisis en el seno del gobierno. Para impedir un daño mayor a la unidad
del gobierno, la canciller Angela Merkel y el vicecanciller y ministro
de Economía, Sigmar Gabriel acordaron en enero, crear una comisión de expertos para que analizaran el problema y buscarán soluciones destinada a impedir el fraude de las prestaciones sociales.

El trabajo de los expertos fue resumido en un documento de 133
páginas que recibió el pomposo título de “Cuestiones jurídicas y
desafíos en el uso de los sistemas sociales de seguridad social por
parte de los nacionales de los Estados miembros de la UE”, cuyo primer
borrador fue presentado en marzo
pasado al Consejo de Ministros. La decisión del Gobierno fue calificada
como “populismo barato” por los Verdes, mientras que la poderosa
Confederación de Sindicatos alemana (DGB) señaló que el informe de los
expertos no daba detalles del fraude que se desea combatir.