El Parlamento danés (Folketing) aprobó hoy por amplia mayoría un proyecto de ley sobre política de asilo que incluye polémicas medidas como confiscar dinero y objetos de valor a los refugiados para costear su estancia y limitar la reagrupación familiar.
La reforma de la ley de extranjería, que incluye una treintena de medidas, estuvo rodeada de controversia desde su presentación en noviembre, lo que obligó al gobierno del primer ministro Lars Løkke Rasmussen a cambiar hasta dos veces la normativa sobre confiscaciones, una práctica que ya emplean Suiza y varios estados federados alemanes como Baviera y Baden-Württenber.
Rasmussen, apoyado por el Partido Popular Danés, hostil a la inmigración, asume plenamente la paternidad de lo que califica como “el proyecto de ley más incomprendido de la historia de Dinamarca”. El primer ministro liberal se ampara en una opinión pública danesa que en un 70% considera la inmigración como su preocupación número uno, de acuerdo con los sondeos. Dinamarca, que implantó a comienzos de año controles fronterizos provisionales, recibió en 2015 a 21.000 solicitantes de asilo, un tercio más que en 2014.
Sin embargo, el proyecto recibió las críticas de Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y varias ONG. Mientras la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) dijo que el texto alimenta “el miedo y la xenofobia”, Amnistía Internacional argumentó que los migrantes se verán enfrentados “a una elección imposible”. Incluso, ante la confiscación de bienes que plantea la ley, el diario The Washington Post no tardó en hacer un paralelismo con la expoliación que sufrieron los judíos durante la Segunda Guerra Mundial.
De acuerdo con la nueva ley, la policía podrá registrar en el equipaje de los inmigrantes para confiscar dinero líquido más allá de las 10.000 coronas (1.340 euros) y los objetos de valor que superen dicho umbral. Quedan exentos de la medida los objetos de valor sentimental. El Partido Popular Danés plantea otro objetivo: “Lo que decimos es que si alguien quiere venir a Europa, más le vale evitar Dinamarca”, dice su portavoz Martin Henriksen.
Asimismo, los demandantes de asilo que gocen de una protección menor, es decir los que huyen de la violencia en general y no tanto de una amenaza contra su persona, deberán esperar tres años antes de pedir el reagrupamiento familiar, y no uno. El examen de su solicitud puede durar luego varios años, y los refugiados deberán costear el viaje de su familia. Este tiempo de espera vulnera según los defensores de los DD.HH. varios textos ratificados por Dinamarca, como la Convención Europea de Derechos Humanos, la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados.
Además, los permisos de residencia serán acortados de cinco a dos años, para aquellos que gocen de una protección más elevada, por sufrir una persecución debida a su raza, nacionalidad, religión, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social. Para solicitar un permiso de residencia permanente será necesario desembolsar 3.700 coronas (unos 500 euros). El demandante deberá haber ocupado un puesto de trabajo durante 2,5 de los últimos tres años, en lugar de tres de los cinco últimos años, tal y como preveía la ley anterior. Igualmente se elevará el nivel exigido de danés.