Para desalentar a los candidatos al asilo, los gobiernos europeos desbordan de imaginación. En Dinamarca, el objetivo de la ley sobre inmigración adoptada ayer por el Parlamento es el ejemplo más elocuente, aun cuando incluya medidas que enfurecen a los defensores de derechos humanos, como la de confiscarles una parte de sus bienes, informa Nación.

A partir de febrero, la policía podrá registrar el equipaje de los candidatos al exilio y confiscar toda suma de dinero que exceda las 10.000 coronas (unos 1340 euros) y objetos cuyo valor supere esa suma, con la única excepción de aquellos que tengan valor sentimental.

El proyecto de ley inicial fijaba un límite de 3000 coronas, pero éste fue aumentado gracias a arduas negociaciones entre el gobierno liberal y la oposición de izquierda.

La votación, en todo caso, se convirtió en un auténtico plebiscito que dio como resultado 75% de votos a favor en el Parlamento.

Adoptada ayer por aplastante mayoría, la reforma deberá ser sometida a la aprobación de la reina Margarita II para que pueda entrar en vigor a comienzos de febrero.

Pero si bien Dinamarca concentra las críticas en las últimas horas, no es el único país que ha decidido confiscar los bienes de los migrantes para disuadirlos de hacer el viaje a Europa.

Con esa misma lógica, los solicitantes de refugio en Suiza deben entregar a las autoridades todos los bienes que superen los 1000 francos suizos (913 euros) cuando llegan a ese país.

La Secretaría de Estado para las Migraciones (SEM) suiza justificó recientemente la medida, al recordar que la ley en vigencia exige que los migrantes contribuyan, en la medida de lo posible, al costo que implica el tratamiento de sus solicitudes de asilo y el otorgamiento de una asistencia social.

Del otro lado del Rin, las autoridades de algunos estados regionales de Alemania aplican la misma política.

En Baviera pueden incautar dinero y objetos que excedan los 750 euros. En Bade-Wurtemberg, efectivo a partir de 350 euros.

Según la secretaria para la Integración de Alemania, la social-demócrata Aydan Ozoguz, ambos länders sólo están aplicando la legislación alemana según la cual todo solicitante de asilo “debe, antes que nada, utilizar sus propios recursos”.

Es perfectamente “razonable que el Estado no pague por aquellos que pueden hacerlo”, explicó, pla ministra de Integración danesa, opuesta a la inmigración.

Sin embargo, para el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU, se trata de un dispositivo “contrario a los estándares europeos e internacionales de protección de los derechos humanos”.

Fuente: Nación